El Dilema de la UE en la Implementación de la Normativa ESG: Segunda Parte - La Revisión de la Normativa ESG en la UE

Un reciente informe publicado por Bloomberg revela un giro significativo en la postura de la Comisión Europea respecto a la regulación ESG. Bajo una creciente presión tanto interna como externa, la Comisión propone una modificación sustancial de la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), reduciendo las obligaciones de las empresas y limitando su exposición legal.

Entre los principales cambios propuestos destacan:

• Restricción del alcance de la debida diligencia a socios comerciales directos.

• Eliminación de la obligación de finalizar relaciones comerciales como “último recurso”.

• Reducción de las exigencias de monitoreo y control de cumplimiento ESG.

• Supresión del umbral mínimo para las sanciones económicas.

• Eliminación de ciertas disposiciones de responsabilidad civil.

Esta reestructuración responde a las críticas de las empresas europeas, que han alertado sobre la desventaja competitiva que CSDDD podría suponer frente a mercados como EE.UU. y Asia. Francia ha llegado incluso a solicitar que la normativa sea archivada. Por otro lado, en EE.UU., la designación del nuevo secretario de comercio, Howard Lutnick, abre la posibilidad de aplicar medidas comerciales en respuesta a las exigencias europeas sobre sostenibilidad.

Sin embargo, esta marcha atrás ha sido calificada como "imprudente" por organizaciones de la sociedad civil. Maria van der Heide, de ShareAction, ha advertido que estas modificaciones representan una "desregulación disfrazada de simplificación", debilitando los esfuerzos por combatir el cambio climático y las violaciones de derechos humanos en cadenas de suministro globales.

Impacto en el Tejido Empresarial Valenciano: Abastecimiento y Exportación

Este cambio de paradigma en la regulación ESG también tendrá un impacto directo en las políticas de abastecimiento y exportación del tejido empresarial de la Comunidad Valenciana, especialmente en sectores estratégicos como la industria cerámica, el calzado y la agroalimentación.

La flexibilización de la CSDDD podría generar incertidumbre en la gestión de cadenas de suministro, ya que muchas empresas valencianas dependen de proveedores ubicados fuera de la UE. La eliminación de obligaciones estrictas en materia de diligencia debida puede traducirse en una menor trazabilidad de los insumos, dificultando la identificación de riesgos ambientales y sociales en la cadena de valor. Esto, a su vez, podría afectar la imagen y la capacidad de estas empresas para acceder a mercados que mantienen altos estándares ESG, como el norte de Europa y Estados Unidos.

En términos de exportación, una relajación de los criterios ESG podría representar tanto una ventaja como una amenaza. Por un lado, una menor carga administrativa permitiría a las empresas reducir costos de cumplimiento y mejorar su competitividad en el corto plazo. Sin embargo, en el largo plazo, una menor exigencia en sostenibilidad podría debilitar la posición de las empresas valencianas en mercados donde los consumidores y reguladores exigen garantías ambientales y sociales más estrictas.

El sector cerámico, en particular, puede verse afectado por estos cambios. Dado que una parte significativa de su producción se destina a la exportación, la pérdida de credibilidad en materia de sostenibilidad podría limitar su acceso a contratos con grandes distribuidores y proyectos de construcción con certificaciones ambientales. Además, la relajación de la normativa podría hacer que los productores locales enfrenten mayor competencia de empresas extranjeras con menores estándares de producción sostenible.

Entre Competitividad y Responsabilidad ESG

Esta revisión de la CSDDD pone en evidencia el dilema fundamental al que se enfrenta la UE: encontrar el equilibrio entre competitividad y responsabilidad corporativa. Mientras el sector empresarial celebra la reducción de cargas administrativas, las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos alertan sobre el riesgo de debilitar las normas que buscan abordar las crisis climática y social.

Este episodio también refuerza la necesidad de armonizar las regulaciones ESG con otros instrumentos como la Taxonomía de Finanzas Sostenibles y la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD). La capacidad de la UE para liderar la transición sostenible dependerá en gran medida de su habilidad para implementar regulaciones efectivas sin ahogar la competitividad de sus empresas en el mercado global.

La decisión final sobre estas modificaciones se espera para el 26 de febrero, cuando la Comisión presentará oficialmente su propuesta de reforma ESG dentro del proceso legislativo "omnibus". Resta por ver si la UE logrará consolidar un modelo regulatorio que equilibre eficacia y pragmatismo en un entorno de creciente presión internacional.